INCLUSIÓN FINANCIERA
Por: Rafael García
Esta expresión se relaciona
con la facilidad con que los segmentos de la población de un país acceden a los
distintos servicios financieros sostenibles y seguros, que garanticen mejoras
en la calidad de los ingresos y de vida personal; así como del grupo familiar; para
que así contribuya con el crecimiento económico a través de la inversión
directa y la estabilidad financiera al evitar altos niveles de especulación. Constituye
un indicador importante para el análisis de sistema financiero, ya que establece
la cantidad porcentual de población que tiene y opera una cuenta bancaria que
le permita tener la disponibilidad de financiamiento de manera de potenciar el
emprendimiento para la creación y mantenimiento de una micro, pequeña o mediana
empresa; con el consecuente beneficio económico y social.
Reducir
la inclusión financiera debe ser una labor compartida, en primer lugar, los gobiernos,
a través de sus instituciones competentes, debe establecer políticas para promover
la participación de los ciudadanos en el uso de servicios financieros en condiciones adecuadas; así
mismo, velar mediante un marco legal, por el funcionamiento de un sistema
financiero transparente que favorezca la innovación, la participación y la creación
de instrumentos ajustados a las condiciones del mercado local. Paralelo, con
esto se deben crear planes de educación financiera e implementarlos en
instituciones de todos los niveles para la formación de los ciudadanos; con la
finalidad de brindar los conocimientos y habilidades que le permitan
administrar adecuadamente sus ingresos. Así como también, orientar a la
población en la creación de la cultura del ahorro y el adecuado manejo de deudas.
En segunda instancias, las
instituciones financieras privadas, como parte de sus responsabilidades
sociales están obligadas a brindar mejores opciones para incorporar a los
grupos de la población que no tiene acceso al financiamiento para la
adquisición de activos fundamentales como la vivienda, así como otros
complementarios que mejoran las condiciones de vida como vehículos, equipos,
entre otros; todo esto como parte de un plan nacional de inclusión financiera
favorecida por un elevado respaldo político y un sustentado flujo de ingresos.
Este sector debe incentivar la apertura de cuentas bancarias que incluyan
servicios básicos de bajo costo para incrementar el ahorro, el uso de las
operaciones electrónicas como medio para disposición y seguimiento del financiamiento;
y propiciar la cultura del seguro.
La inclusión financiera
es parte de la deuda social con la humanidad en especial con las economías en
desarrollo donde se concentra el 90% de la población no bancarizada, por lo que
forma parte de la agenda política de importantes instituciones a nivel mundial
como la ONU. En Venezuela cuando se investiga en la materia, encontramos que
los datos más recientes provienen del 2014 y se expresan por Microscopio Global 2014 ,“Venezuela no tiene una estrategia clara ni documentada para la
inclusión financiera y tampoco ha compilado datos sobre la demanda y la oferta
de productos financieros para las poblaciones de bajos ingresos”. Según la Base
de datos, “el 44% de los venezolanos adultos (mayores de 15 años) tenían una
cuenta en una institución financiera formal, 33% del 40% de la población de
menores recursos tenían cuentas formales y 2% de los adultos habían contratado
un préstamo en una institución financiera”
Es necesario revertir esta situación
ya que la falta de inclusión financiera limita la participación de la población
al sistema financiero y reduce sus oportunidades de mejorar en su bienestar. Si bien las acciones del gobierno para
promover la educación financiera son muy tímidas en la actualidad, algunos
bancos sí lo están haciendo; pero esto no es suficiente. Es necesario,
involucrar a las universidades para que a través de su talento humano conforme
programas de formación en educación financiera que incluya a todos los niveles
educativos del país, con el objetivo de dotar a la persona de los conocimientos
para la realización de operaciones financieras en función de su desarrollo
cognitivo; de manera de lograr un ciudadano con las competencias básicas necesarias
para la adecuada administración de su dinero.
